La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazar la petición de acogimiento hecha por el exsenador y precandidato presidencial, Alberto Santofimio Botero, porque los hechos que rodearon el crimen del líder político Luis Carlos Galán Sarmiento, por los que fue sentenciado a 24 años de cárcel, no tuvieron relación con el conflicto armado. 

A través de un concepto enviado a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, el Ministerio Público pidió que se decretara la falta de competencia de la JEP para conocer los delitos por los que fue condenado Santofimio Botero, y devolver el expediente al Juzgado Dieciséis de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, para que continúe la vigilancia y el control del cumplimiento de la sentencia.

Precisó que la reconstrucción histórica y judicial del magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento confirmó que “se pretendía beneficiar las aspiraciones políticas personales del aquí compareciente y de otro lado, facilitar y eliminar obstáculos para continuar con la actividad del narcotráfico”, de su aliado, el capo del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria. 

La Procuraduría señaló que pese a que las repercusiones históricas y políticas del crimen del candidato Luis Carlos Galán Sarmiento no fueron menores, "se trató de un delito común sin relación con el conflicto armado", contrario a lo afirmado por el exsenador en su solicitud de acogimiento a la JEP.

“Se hace necesario dejar claro que el homicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento obedeció a un contexto de criminalidad relacionada con el narcotráfico, que además pretendía imponer en el país un ambiente de miedo e incertidumbre”, menciona.

El 31 de agosto 2011 la Corte Suprema de Justicia dejó en firme el fallo que condenó a Santofimio Botero como coautor responsable de un concurso de tres homicidios con fines terroristas del líder del Nuevo Liberalismo Luis Carlos Galán Sarmiento, el detective Santiago Cuervo Jiménez y el concejal Julio César Peñalosa Sánchez.

Ante la solicitud del exsenador Santofimio Botero, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas asumió su estudio para verificar si se reunían los requisitos para entrar en la JEP, entre ellos que los hechos punibles cometidos tengan relación con el conflicto armado interno.